Investigarán a EPN por el caso Atenco

El tema se analizará el último trimestre de este año

Por: Agencias

Ciudad de México.- Desde que era Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto hizo hasta lo imposible para evitar que el caso de las mujeres de San Salvador Atenco vejadas por uniformados durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 llegara a la Corte Interamericana. Pero su desdén y el de algunos de sus antiguos colaboradores a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), provocaron que llegara a esa instancia, que en el último trimestre de este año analizará el caso. Por primera vez que se tomarán como objeto de análisis las declaraciones públicas de Peña Nieto para investigarlo. Estas fueron en función de descalificar a las víctimas de graves abusos cometidos durante el 2006 en Atenco, siendo determinantes para evitar que prosperara el litigio seguido por 11 mujeres que denunciaron tortura sexual. Sin embargo, esa situación –los agravios contra los atenquenses, sobre todo contra las mujeres cuyas garantías individuales fueron conculcadas– es merecedora de “medidas administrativas, disciplinarias o penales”, insiste la CIDH, que remitió el caso a la Corte Interamericana luego de que el Estado mexicano se negara a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015. En el último trimestre de este año, el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará el discurso político de altos funcionarios como factor de “denegación de justicia” en tales casos. Las conclusiones de la CIDH sobre el caso Atenco hacen señalamientos concretos a Peña Nieto como uno de los diseñadores de la estrategia policiaca contra pobladores y activistas de Atenco cuando fue Gobernador del Edomex, responsabilidad que será analizada en la audiencia. Araceli Olivos Portugal, la abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) que representa a las agraviadas, considera inédito que la CIDH haya considerado en el informe que remitió a la Corte las declaraciones públicas de Peña Nieto y altos funcionarios de su Gobierno. “Es un hecho inédito que la CIDH razonara que, con sus declaraciones, (Peña Nieto) generara un clima de impunidad en el que prevalece el caso hasta el día de hoy”, señaló. De acuerdo con la CIDH, las 11 demandantes fueron víctimas de abusos y de tortura sexual, entre otros ilícitos, por lo que el Estado mexicano es responsable de violar los derechos a la libertad personal y garantías judiciales; a la integridad personal de ellas y de sus familiares, así como a las garantías judiciales y protección judicial.

(Con información de Proceso)